Pinceladas sobre la Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales

Dividiremos en 2 partes esta publicación que tratará de despejar algunas dudas.

LEY 10/2010 de 28 Abril sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

1La “fiscalización” de los datos de los titulares de cuentas corrientes (¿es que los bancos no tenían ya los dni y la firma de sus clientes?) es sólo la punta del iceberg que engloba esta Ley que amenaza con bloquear las cuentas de aquellos que anden despistados y no cumplan con este requisito antes del próximo día 30 de Abril.

Los mas afortunados apenas necesitarán presentar su DNI para ser digitalizado, pero otros serán requeridos para acreditar muchos otros datos, desde su nómina, impuestos presentados, alta en Hacienda, cuotas de autónomo, cuotas a Colegios Profesionales, apoderamientos, balances, cuentas de ingresos y gastos, previsiones económicas o incluso copia de las facturas, con el pretexto de que la Ley, les obliga.

Esto, digamos que no es del todo cierto.

El reglamento de esta Ley 10/2010, aprobado mediante el Real Decreto 304/2014 de 5 de Mayo NO EXIGE medida concreta alguna y, en todo caso de que se apliquen, será sólo a clientes que superen un nivel de riesgo elevado y ante operaciones concretas.
Así, vemos que el artículo 10.2 de este Real Decreto dice:

Artículo 10. Propósito e índole de la relación de negocios.

2.- Los sujetos obligados comprobarán las actividades declaradas por los clientes en los siguientes supuestos:
a) Cuando el cliente o la relación de negocios presenten riesgos superiores al promedio, por disposición normativa o porque así se desprenda del análisis de riesgo del sujeto obligado.

b) Cuando del seguimiento de la relación de negocios resulte que las operaciones activas o pasivas del cliente no se corresponden con su actividad declarada o con sus antecedentes operativos.

Las acciones de comprobación podrían no limitarse a la solicitud de documentación sino que además incluirían, por parte de los obligados, a visitas a las oficinas, almacenes o instalaciones de sus clientes para comprobar la actividad de éste, dejando constancia por escrito -en el expediente- del resultado de esa visita (Art 10.3 del RD 304/2014).